fuente:diariocritico.com. "Construir un puente hasta el presupuesto nuevo", ha dicho Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en el Consejo de Ministros de cierre de año. Y con ese ánimo, el puente pasa básicamente por subir IRPF, rentas del capital e IBI, recorte en un 20% de subvenciones a sindicatos, patronales y partidos, y cerrojazo en 8.900 millones a la disponibilidad de gasto de todos los ministerios hasta que se presente el Presupuesto General de 2012 en marzo. Un esfuerzo que al final va a recaer en las rentas del trabajo y del capital de los ciudadanos, para paliar el desfase entre el déficit público del 6% que dijo tener el Gobierno saliente y el del 8% que manifiesta el Ejecutivo de Montoro, y que como ha reconocido corresponde a los ayuntamientos, autonomías, y Seguridad Social. El otro perjudicado es el Estado, que sigue adelgazando sin que sepamos qué va a hacer Mariano Rajoy con el resto de administraciones públicas. Lo que queda patente es que quien manda ahora es el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el artífice de una estructura basada en el aumento de impuestos para recoger ingresos de la forma menos lesiva a la economía, y la recaudación por IVA, que no se toca aún. Es más, incluso les ha dado un salvavidas en forma de subida del IBI (Impuesto sobre Bines Inmuebles) para que los ayuntamientos palíen la ausencia de ingresos y afronten gasto corriente. Así, el Gobierno ha aprobado un incremento del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBE) para los dos próximos años que afectará a las viviendas que se sitúen por encima del valor medio. De la misma forma, ha extendido a 2012 el IVA supereducido del 4% para la compra de vivienda nueva y ha recuperado la deducción para la vivienda en propiedad con efecto retroactivo desde 2010. Como se ve, son los ciudadanos lo que van a soportar la caída de su renta disponible, aunque sólo por dos años. En cuanto al IRPF, El Ejecutivo ha anunciado un "recargo de solidaridad" en la cuota estatal para las rentas de trabajo (IRPF) y los rendimientos capital durante los dos próximos años. El IRPF subirá un 0,75% para el primer nivel de renta en un punto por nivel hasta alcanzar el 7% para 300.000 euros de base liquidable. Así, de 12.000 a 16.000 euros sería de 53 euros; de 16.000 a 22.000 euros de algo más de 80 euros. No ha dicho nada sin embargo, sobre el tramo de 22.000 euros a 30.000, donde se concentra el grueso de la clase media española. El Consejo de Ministros también ha suprimido a petición de la Comisión Europea las bonificaciones al gasóleo profesional. En total, Montoro recaudará algo más de 6.000 millones, de los que 4.111 millones vendrán por el IRPF; 1.246 millones por rentas del capital; 918 por IBI y en torno a 200 millones por el fin de las bonificaciones al gasóleo. Insuficientes, si tenemos en cuenta que un desvío de dos puntos en el déficit equivalen a 20.000 millones más de desviación presupestaria. El problema es que vienen de autonomías y ayuntamientos, así que todo hace pensar que habrá más recortes y subida de impuestos después de los Reyes Magos. Ya en septiembre las autonomías presentaron unos números que situaban su déficit en el 1,19% del PIB, cuando el objetivo para todo el año es del 1,3%. Y esos datos, a punto de entrar en el trimestre donde normalmente se acumulan el grueso de los pagos, hacían presagiar lo peor. Para cerrar el año con un déficit del 6% del PIB, todas las administraciones tenían marcado un objetivo. El Gobierno central se propuso acabar con un déficit del 4,8%; las comunidades autónomas se comprometieron a reducir el suyo hasta el 1,3%; los ayuntamientos, al 0,3%, y por último, se preveía que la Seguridad Social registrara un superávit del 0,4%. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha confirmado que la Administración central será la que menos se desviará de las previsiones y cerrará el año "unas décimas" por encima del objetivo que se marcó. Rajoy ha estimado recientemente que cada punto adicional de déficit en las cuentas públicas de la Administración central equivale a 10.000 millones de euros. Es decir, que en 2012 el Gobierno central deberá 'sacar' 20.000 millones extra correspondientes a la desviación de este ejercicio.